MANIFIESTO DEL ORGULLO LGTBI ANDALUCÍA:

40 AÑOS LUCHANDO POR LA IGUALDAD LGTBI

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Este año 2018 celebramos el 40 aniversario de hechos que supusieron una ruptura con la cultura homófoba, tránsfoba y represora de la dictadura fascista surgida tras la Guerra Civil.

Un año, 1978, en el que España salía de una tenebrosa dictadura totalitaria represora de la sexualidad, tanto en relación a la diversidad como a su práctica, que en el caso de los hombres homosexuales y bisexuales, y las mujeres trans, suponían el riesgo de ser detenidos, torturados y encarcelados (sin garantías de un abogado defensor y sin juicio) en centros penales donde en el mejor de los casos sufrían torturas, y en el peor, eran sometidos técnicas médicas como el electroshock, las terapias aversivas y las lobotomizaciones, o en centros psiquiátricos donde se les aplicaba las mismas técnicas médicas.

Unas políticas genocidas que contaron con el apoyo de la clase médica, la jerarquía católica, las instituciones judiciales, los cuerpos de seguridad del Estado y gran parte de la sociedad. No debemos olvidar que, en 1975, casi el 90% de la sociedad española opinaba que la homosexualidad debía ser eliminada.

La lucha mundial contra la represión de la homosexualidad y la transexualidad encontró eco en España con los primeros movimientos organizados, primero en Cataluña, y después en Madrid y el resto del Estado. En Andalucía, los primeros movimientos como la Unión Democrática de Homosexuales (UDH), en Málaga, el Movimiento de Liberación Homosexual (MLH) y el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR), ambos en Granada, y por último el Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria de Andalucía (MHAR), en Sevilla, supusieron que nuestra Comunidad se involucrase en las estrategias de la despenalización de la homosexualidad y la exigencia en el reconocimiento de los derechos de las personas homosexuales y trans.

La lucha comenzada a principios de 1976 en Málaga y Granada, con acciones reivindicativas y recogidas de firmas para la derogación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que concluiría con su presentación pública en Club de Amigos de la UNESCO en Madrid el 21 de mayo de 1977, de 10.000 firmas contra la LPRS, continuó con la celebración en Sevilla de la reunión de la Coordinadora de Frentes de Liberación Homosexual del Estado Español (COFLHEE) en mayo de 1978, donde se fijaron los objetivos para promover actos en el mayor número de ciudades de todo el país con ocasión del 28 de junio.

El día elegido fue el 25 de junio de 1978, donde se convocaron manifestaciones en Barcelona y Madrid, y mítines en Bilbao, Sevilla y Valencia. En la ciudad andaluza, tras la celebración del mitin convocado por el MHAR, se promovió una manifestación espontánea (es decir, sin haberse solicitado permiso previamente y no haberse convocado con anterioridad), que partió de la Plaza del Triunfo hasta el Palacio de Justicia, situado en el Prado de San Sebastián.

La recogida de miles de firmas contra la LPRS en mayo de 1977, las movilizaciones de Barcelona en 1977 y las del 25 de junio de 1978 en el resto de grandes ciudades, junto la iniciativa de los grupos parlamentarios socialistas y comunista en el Congreso de los Diputados, consiguieron que el 26 de diciembre de 1978 el gobierno excluyese la homosexualidad, entre otros estados de peligrosidad, de la LPRS.

Aquella primera victoria dio lugar a sucesivos avances legales como la adopción individual que permitió a gais y lesbianas convertirse en padres y madres (1987), la eliminación del delito de escándalo público (1988), la ampliación a mujeres solteras de la fecundación asistida que dio lugar a que las mujeres lesbianas pudiera acceder a dichas técnicas reproductivas (1988), el reconocimiento de las parejas de dos personas del mismo sexo en la Ley de Arrendamientos Urbanos (1994), la introducción en el llamado Código Penal de la Democracia del delito de discriminación por razón sexual e identidad de género (1995), la creación de la UTIG de Málaga (1997), la Ley de Parejas de Hecho de Andalucía (2002), la reforma del Código Civil para incluir el matrimonio igualitario (2005), la modificación de la ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas (2007), la ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía (2014) y la ley para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía (2017), que han permitido llegar a la plena igualdad jurídica y grandes progresos de la igualdad social.

Pero paradójicamente, estos avances han tenido que superar muchos desafíos a lo largo de estos cuarenta años.

El escándalo del cierre del cineclub universitario de Granada en 1979, como consecuencia de la proyección de 47 películas de contenido LGTB, la homofobia y la serofobia provocada por la pandemia del SIDA en los 80, la persecución vecinal a los bares homosexuales en Sevilla en 1987 o el Caso Arny en 1995, donde se visualizó de forma grosera la profunda homofobia de la sociedad española, los medios de comunicación y las administraciones públicas, son algunos de los ejemplos que demuestran que cada uno de los avances legales y sociales han sido a costa de grandes sacrificios personales.

Además, la propia vivencia de las personas LGTBIQ, el bullying que sufren en los centros educativos niños y jóvenes LGTBIQ, el mobbing que se da en los centros de trabajo, las altísimas tasas de suicidio o intento de suicidio sobre todo en jóvenes LGTBiQ, o el incremento de agresiones con motivación LGTBIQfóbica, demuestran que la lucha de estos cuarenta años no ha sido suficiente.

Todo ello no es obstáculos para reconocer que en España los avances están permitiendo que se generen nuevas formas de vivencia de la orientación sexual o de la identidad de género, como el género no binario, que fomentan la autordeterminación del género y su expresión, así como la orientación sexual.

Avances legales y sociales que también encuentran amenazas en una sociedad, la española, cada vez más diversa. En este sentido, el respeto a la diversidad cultural, étnica, religiosa, etc. no puede ser un argumento para tolerar la represión de la diversidad de la orientación sexual y la identidad de género. Por ello, las Administraciones Públicas deben asegurar los derechos y libertades de las personas homosexuales (gais y lesbianas), bisexuales, trans e intersexuales, independientemente de su origen religioso, étnico, nacional o cultural.

DERECHOS LGTBIQ EN EL MUNDO: ENTRE LA ESPERANZA Y LA INDIGNACIÓN

A nivel mundial, los derechos legales de las personas LGTBIQ nos muestran dinámicas contradictorias. Mientras en un número importante de países se observan avances significativos en favor de las personas LGTBIQ, aumentándose en dos países más los que han despenalizado la homosexualidad en 2016, como fueron Belice y Seychelles, y se extiende el matrimonio igualitario a países como Taiwán, Malta, Australia y Austria, en otro se comprueba una involución preocupante.

Junto a países tradicionalmente LGTBIQfóbicos, donde las relaciones sexuales entre dos personas del mismo sexo son castigadas con penas de cárcel (como Guyana, Marruecos, o Malasia, hasta un total de 72 estados) e incluso con la pena de muerte (como Arabia Saudí, Irán y Mauritania, hasta un total de 12 Estados), nuevos países se suman a la represión de la homosexualidad, como son algunos ex soviéticos, incluida Rusia y su república de Chechenia.

Turquía es otro de los países donde en la actualidad los derechos de las personas homosexuales van retrocediendo, a la vez que aumenta la violencia contra las personas LGTBIQ y sus organizaciones.

Las Islas Bermudas ha sido el primer país del mundo en derogar el matrimonio igualitario, donde es ilegal desde el 1 de junio de 2018.

Además, se incrementa la amenaza que determinadas religiones están provocando en países donde se había avanzado, como en Costa Rica, donde el candidato a presidente, finalmente derrotado, abiertamente evangélico, había prometido derogar la ley LGTBI de la república. Situación parecida se produce en otros países de Latinoamérica.

Por otro lado, la llegada a nuestro país de personas LGTBIQ huyendo de esos países es cada día mayor. El CEAR atendió en 2017 a refugiados LGTBIQ de 81 nacionalidades, siendo Marruecos, Gambia, Venezuela, Honduras, El Salvador, Argelia, Camerún y Rusia algunos de los principales países de origen.

Según denuncian las organizaciones que atienden a estas personas en las fronteras españolas, la respuesta del Ministerio del Interior es en muchos casos no sólo decepcionantes sino claramente ofensivas, ya que la falta “pluma” es causa suficiente para rechazar la concesión del estatus de refugiado.

Además, la falta de formación del personal que tramita dichos expedientes no les capacita para detectar el origen de la persecución en los países de origen por la orientación sexual y/o la identidad y expresión de género, y que en muchas ocasiones, las propias personas refugiadas, acostumbradas a la arbitrariedad policial de sus países y el temor al rechazo, ocultan estas circunstancias.

Incluso las personas LGTBIQ migrantes que no han solicitado el estatus de refugiado encuentran igualmente dificultades para su desarrollo en nuestro país.

Esta situación se agrava cuando las personas migrantes o refugiadas se encuentran con el rechazo y la violencia de sus propias comunidades nacionales, étnicas o religiosas, e incluso con la incomprensión de una parte de la población LGTBIQ autóctona, ya que lamentablemente el modelo cisheteronormativo sigue siendo el referencial para muchas personas homosexuales (gais y lesbianas), bisexuales y trans.

Por todo ello, exigimos:

o Fortalecer la International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) como instrumento de las organizaciones LGTBIQ.

o Priorizar y/o condicionar las ayudas y donaciones internacionales de las administraciones públicas españolas (Estado, Comunidades Autónomas, Ayuntamiento y Diputaciones) a los estados donde se respeten los derechos de las personas LGTBIQ.

o Garantizar el acceso al estatus de refugiado a las personas LGTBIQ de los países donde se persiguen a estas personas, tanto legal como socialmente.

o Formar en esta materia al personal que instruyen los expedientes de solicitud, así como quienes deciden sobre los mismos.

o Acciones públicas por parte del Estado y de la Junta de Andalucía para el empoderamiento de las personas LGTBIQ extranjeras o migrantes.

IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA LEY LGTBI ANDALUZA

La entrada en vigor el 6 de febrero de 2018 de la Ley 8/2017 para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía ha supuesto un avance muy importante en el ámbito competencia de nuestra Comunidad Autónoma para nuestra defensa.

Una ley que tras un proceloso trámite fue aprobada por unanimidad del Pleno del Parlamento de Andalucía, lo que asegura el compromiso del gobierno y la oposición parlamentaria para su desarrollo e implementación.

Se trata de una ley compleja, con aspiraciones de transversalidad, que exige un impulso del máximo nivel para que todos los departamentos de la Administración Autonómica promuevan las medidas previstas.

Además, es una ley que necesita el compromiso de la Administración Local, por lo que Ayuntamientos y Diputaciones deben también trabajar en su desarrollo.

En este sentido, 2018 será un año fundamental para comprobar el nivel de compromiso del gobierno andaluz en favor de las personas LGTBIQ y sus familias, ya que, si bien algunas medidas requieren recursos administrativos y económicos que hacen necesaria su inclusión en leyes como la del presupuesto, otras dependen tan solo de la voluntad política del consejo de gobierno.

En este sentido, es urgente el desarrollo reglamentario del régimen sancionador previsto por la Ley, y no agotar los 18 meses previsto para la aprobación de planes y protocolos. Las organizaciones LGTBIQ andaluzas estaremos pendientes en el seguimiento de la Ley.

DELITOS DE ODIO

El Código Penal español de 1995 se sumó a la corriente internacional de agravar los delitos de odio, con la introducción de los artículos 510 y siguientes.

Pero esta realidad jurídica no está siendo puesta en práctica, dándose lamentables sentencias donde a pesar de las evidencias, los jueces no han calificado como delitos de odio las agresiones a personas por su orientación sexual y/o su identidad o expresión de género.

Ello es debido a diferentes factores, como la falta de formación específica de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a la hora de instruir los atestados, la falta de sensibilización de la fiscalía en general y la falta de recursos de las fiscalías de delitos de odio, para calificar los delitos de acuerdo con el Código Pena, y por último por falta de formación y sensibilización de los propios jueces y magistrados.
Por ello exigimos a las Cortes Generales, al Gobierno de la nación, al Consejo General del Poder Judicial y a la Junta de Andalucía:

o El establecimiento de fiscalías específicas exclusivamente dedicadas a delitos de odio, con recursos materiales y humanos suficientes para el desarrollo de sus tareas, cosa que no ocurre en la actualidad.

o La formación de los operadores jurídicos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Local y personal sanitario, en diversidad sexual y de género.

o La formación de jueces y magistrados en relación a la correcta aplicación del Código Penal en relación a los delitos de odio.

o La formación necesaria de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como la Policía Local y la seguridad privada, para actuar correctamente ante casos de delitos de odio.

o La extensión a todos los Colegios Oficiales de Abogados de los turnos de oficio especializados en delitos de odio, de los ya existente en los Colegios de Córdoba, Málaga y Sevilla.

o La elaboración por parte de la Junta de Andalucía de protocolos de atención a víctimas de delitos de odio.

o La formación a los SAVA en diversidad sexual y de género, para garantizar una adecuada atención a las víctimas de delitos de odio LGTBIQ.

FAMILIAS HOMOPARENTALES

Pudiera parecer que, con la entrada en vigor de esta ley del Matrimonio Igualitario, hace ahora 13 años, las familias homoparentales (lesbianas, gais, bisexuales y trans con hijas e hijos) tenían los mismos derechos y la misma protección que el resto de unidades familiares del país.

Sin embargo, las familias LGTBIQ y las entidades que las representan, han constatado que sus derechos legales no se han traducido en derechos reales, y que quienes más se pueden sentir afectados no son las madres y padres, que también, si no sus hijas, hijos e hijes.

Las familias homoparentales siguen sintiendo la LGTBIQfóbica sorda que nos acompaña, sobre todo desde que sus hijas e hijos se incorporan a sus hogares. La realidad cotidiana de estas familias, de estos menores, indica que cuando se intentan reivindicar los mismos derechos y las mismas oportunidades que tiene el resto de la población comienzan los problemas.

A pesar de que en Andalucía contamos desde el pasado año con una ley que, por primera vez en el territorio nacional, define, contempla y protege a las familias homoparentales, los derechos legales aún no se han traducido en derechos reales en la vida cotidiana.

Además, cada día aumenta la violencia intragénero, careciendo las víctimas (tanto parejas o cónyuges como hijos) de protocolos o dispositivos específicos de atención lo que las sitúa en clara desprotección.

Por ello denunciamos son las familias homoparentales son objeto de discriminación y LGTBIQfobia y exigimos:

o Acceso universal a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública por parte de mujeres lesbianas y casadas, actualmente vetado por el Gobierno de la nación. Las comunidades autónomas han ido abriendo esta posibilidad, pero no es global para todo el territorio nacional.

o La modificación de la Ley de técnicas de reproducción asistida para que suprima la obligación de las parejas de mujeres para acceder a la filiación de sus hijos, hijas e hijes.

o Las parejas de hecho integradas por dos mujeres tienen necesariamente que estar casadas para inscribir a sus hijas e hijos en el Registro Civil, cosa que no ocurre en las parejas de hecho heterosexuales, por lo que exigimos que se modifique la actual legislación y/o las instrucciones del Gobierno de la nación en relación a este tema para asegurar la igualdad efectiva también en esta materia.
o Invisibilidad de las familias homoparentales en el sistema educativo, por lo que exigimos a la Junta de Andalucía la inclusión de medidas para conseguir esta visibilidad.

o Invisibilidad de las familias homoparentales en los libros de texto, por lo que exigimos la inclusión en los mismos de la diversidad familiar.

o La no adecuación de los formularios oficiales a la realidad homoparental por lo que exigimos a las administraciones públicas (Estatal, Autonómica y Locales) su adecuación.

o Impedimentos para la inscripción automática de los menores nacidos a través de gestación subrogada, por lo que exigimos que se modifique la actual legislación y/o las instrucciones del Gobierno de la nación.

o Fijar la mirada en los hombres gais o parejas de hombres gais en el debate sobre la gestación subrogada cuando sólo suponen entre el 5 ó 10 % de los casos, por lo que pedimos a los medios de comunicación y las organizaciones que intervienen en este debate que reflejen esta realidad.

o Poner en duda la capacidad de los hombres gais o bisexuales para afrontar la crianza de sus hijas e hijos; perjudicial para los hombres y también para las mujeres, ya que las sigue relegando el papel exclusivo del cuidado y la crianza en los hogares.

o La situación de desigualdad que afrontan las parejas de mujeres lesbianas o bisexuales por el hecho de que como mujeres tienen sueldos inferiores a los hombres, por lo que exigimos el fin de la brecha salarial y la eliminación del techo de cristal.

o La violencia y el acoso escolar a las hijas e hijos de personas LGTBIQ, por lo que pedimos el apoyo y el compromiso de la Comunidad Educativa para luchar contra esta lacra.

o La presión social para ser familias perfectas.

o La limitación a la libertad de movimientos en el espacio europeo, donde no son reconocidas las realidades familiares diversas, por lo que exigimos al Gobierno de la nación para que defienda ante las instituciones europeas el pleno reconocimiento de las familias homoparentales en toda la Unión Europea.

o Diferencia de trato en los procesos de adopción y acogimiento.

o Que no se considere por parte de sociedad, las administraciones y el conjunto de las entidades LGTBIQ que las hijas e hijos de personas LGTBQ sean miembros de pleno derecho de la comunidad LGTBIQ, por lo que exigimos que en la futura Ley estatal LGTBIQ se siga el modelo dado por el Parlamento Andalucía en su ley aprobada en diciembre de 2017.

o La ausencia de protocolos y dispositivos de atención para las víctimas de la violencia intragénero. Por eso exigimos a la Junta de Andalucía de forma urgente de una política integral de atención a las víctimas de la violencia intragénero.

LAS PERSONAS LGTBIQ EN EL MUNDO LABORAL

Uno de los espacios donde las personas LGTBIQ siguen teniendo problemas para el pleno desarrollo de su orientación sexual e/o identidad de género y expresión de género es el mundo laboral.
Siguen existiendo centros de trabajo y empresas con una cultura muy tradicional, cisheteronormativa, machista y represora, que impide a las personas LGTBIQ mostrarse como tales. Por ello, la visibilidad debe seguir siendo una herramienta fundamental para avanzar también en el campo laboral.

En este sentido, exigimos a las empresas, sus organizaciones empresariales, a los representantes sindicales y sus sindicatos, así como a las autoridades laborales, que centren sus actuaciones a la promoción de la igualdad y la eliminación de discriminaciones directas e indirectas por orientación sexual, identidad y expresión de género, actuando en los centros de trabajo para combatir la LGTBIQfobia y erradicar todo tipo de acoso y discriminación.

Asimismo, exigimos:

La implantación de protocolos de actuación sobre orientación sexual e identidad de género en los centros de trabajo.

o Considerar en el ámbito laboral a la LGTBIQfobia como riesgo psicosocial y con ello garantizar el establecimiento de actuaciones para prevenir el acoso laboral por identidad de género y orientación sexual.

o Promover la igualdad y no discriminación en los procesos de selección, contratación, condiciones de trabajo, clasificación profesional, formación, promoción profesional y remuneración salarial.

o En el marco del Diálogo Social, un compromiso de actuación e intervención, para el logro de políticas inclusivas y de no discriminación por razón de la orientación sexual y la identidad de género.

LAS PERSONAS LGTBIQ EN EL MUNDO RURAL

La vivencia de la homosexualidad, la bisexualidad o la transexualidad viene condicionada tanto por factores personales como sociales. En aquellos ámbitos familiares y sociales más tradicionales, donde el cisheterosexismo es la orientación sexual e identidad de género excluyente, la vivencia de la diversidad sexual será más compleja y traumática. Allí donde sea más flexible, bien por referentes cercanos, bien por no existir un patrón cisheterosexista rígido, las personas LGTBIQ podrán asumir su diversidad sexual de una forma menos traumática.

Otro factor a tener en cuenta es el tamaño de los grupos donde se socializan las personas, ya que en los grupos más pequeño es más fácil, y por lo tanto habitual, el control de sus miembros, sobre todo en áreas tradicionalmente sensibles como es la sexualidad y las relaciones sexuales.

Por ello, podemos establecer que en las pequeñas y medianas poblaciones son, en términos generales, más complicada la vivencia de las orientaciones sexuales no heterosexuales, el género no binario o las vivencias trans. La ausencia de referentes, o la existencia de referentes no aceptados socialmente, el mayor control social vivido y sentido, etc. muchas veces obligan a las personas LGTBIQ a ocultar en mayor medida su orientación sexual y/o identidad y expresión de género que en las grades ciudades, así como a emigrar a localidades más grandes y alejadas.

Pero también es cierto que, por casi las mismas razones, la red social de las personas LGTBIQ que viven en esos entornos menos poblados es más firme y extensa que en los entornos más poblados, lo que puede provocar que en determinadas ocasiones se conviertan en elemento positivo.

El pleno desarrollo de la orientación sexual y/o la identidad de género no sólo son derechos protegidos constitucionalmente, sino que además favorece la diversidad, que es un factor fundamental de desarrollo y riqueza.

Por todo ello, exigimos a las administraciones públicas, especialmente autonómica y locales, diseñar e implementar estrategias a favor del pleno desarrollo de las personas LGTBIQ en entornos rurales, así como el apoyo a las entidades y organizaciones que los representan.

LAS PERSONAS LGTBIQ MAYORES

En la actualidad, están llegando a la tercera edad las generaciones de hombres y mujeres homosexuales y trans más visible de la historia de nuestro país.

En un número importante de casos, el rechazo de muchas familias hacia la homosexualidad y/o la transexualidad de sus hijos, suponía en los años cuarenta, cincuenta, sesenta y setenta, el abandono temprano de las aulas, con la consiguiente baja formación, o la expulsión de sus hogares, lo que se traducía en la inevitable dedicación a trabajos marginales y/o informales, o directamente a la prostitución.

Muchas y muchos de ellos, además, fueron víctimas de la Ley de Vagos y Maleantes y de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que supuso un mazazo para sus vidas profesionales, ya que la detención e internamiento en prisión, la mayoría de las veces por la simple sospecha de homosexualidad, suponía la existencia de antecedentes penales y su expulsión del mercado laboral.

Todo ello ha supuesto que al llegar a la jubilación accedan a pensiones contributivas muy bajas o directamente a tener que acceder a pensiones no contributivas.

Pero incluso la mayoría de aquellas personas mayores homosexuales y trans que no llegaron a verse ni expulsadas de sus hogares ni fueron víctimas de la Ley de Vagos y Maleantes o la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, se encuentran en una situación muy delicada, ya que al tener que ingresar en centros de mayores (bien unidades de día, bien en residencias de mayores) se ver forzadas a volver al armario, para no sufrir discriminación y rechazo por parte de las direcciones de los centros y/o los usuarios de los mismos.

Por ello, hay que potenciar las redes de solidaridad entre mayores y jóvenes LGTBIQ, y ahí las organizaciones tenemos una importante responsabilidad de facilitar su creación.

Pero, sobre todo, la Junta de Andalucía, deben implementar lo antes posible el artículo 21 de la Ley 8/2017, que prevé garantizarán tanto en los centros residenciales y los centros de día para personas mayores, tanto públicos como privados, así como los centros de participación activa, el derecho a la no discriminación de personas LGTBI, ya sea tanto en su individualidad como en su relación sentimental.

Por eso exigimos el desarrollo inmediato de la Ley andaluza en este aspecto.

LAS PERSONAS LGTBIQ JÓVENES

Los avances de los últimos cuarenta años, ha permitido que cada vez más, las generaciones más jóvenes cuestionen los paradigmas sexuales, y tomen conciencia de su derecho a la autodeterminación de su género y orientación sexual.

Reconocer y reconocerse como personas no binarias, como homosexuales o bisexuales, o como trans, lleva a que a edades cada vez más tempranas la juventud exija que se respete en todos los ámbitos, incluidas familias, centros educativos y grupos de iguales, dicha realidad.

Por ello, exigimos que la Consejería de Educación desarrolle la Ley 8/2017 de forma que se asegure la libre autodeterminación del género y la orientación sexual de todo el alumnado andaluz y se actúe contra el bullying LGTBIQfóbico.

Asimismo, exigimos implementar medidas educativas que garanticen una formación del alumnado respetuosa con la diversidad sexual y de género, tal y como se contempla en la citada Ley 8/2017.

LA REALIDAD DE LAS PERSONAS TRANS

Las personas trans existen desde que existe la humanidad, debido a que la transexualidad no es más que otro ejemplo de la enorme diversidad que alberga en su ser el ser humano. Sin embargo, la transexualidad lleva patologizada únicamente desde la creación del DSM en 1952. Teniendo como consecuencia también la posterior inclusión en el CIE 6. O lo que es lo mismo, hace 63 años la American Psychiatric Association decidió que la realidad de las personas trans no se amoldaba a sus esquemas y que no respondía a sus teorías acerca de la identidad sexual y/o de género y, por lo tanto, en lugar de reformular sus teorías, decidieron patologizar aquellas realidades que ponían en entredicho sus ideas.

A pesar de los avances de la Ley andaluza 2/2014, a nivel estatal se considera “enfermas mentales” a las personas trans, lo que implica una enorme injerencia arbitraria en su vida privada, puesto que pone en cuestión algo tan íntimo como la propia identidad sexual y/o de género, únicamente por salirse de sus esquemas sobre el sexo/género.

Además, atenta contra la honra y reputación de las personas trans al exigirse que se disponga de un informe médico en el cual son patologizadas para que sea respetada su identidad sexual y/o de género y se les garantice el acceso a los tratamientos sanitarios que necesitan, dejando nuevamente en manos públicas el poder de determinación de una cuestión privada, hecho que viola claramente el undécimo artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que cita textualmente: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.

La patologización trans también atenta contra el principio de igualdad y libertad que se menciona en el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, puesto que para que pueda ser reconocida su identidad sexual y/o de género y se respeten sus derechos, se les obliga a pasar por una serie de requisitos que a nadie más se le exigen.

En el artículo segundo, se hace referencia a que los derechos y libertades han de ser los mismo para todas las personas y se advierte de que no se admiten distinciones por razón, de sexo, cultura, ideología, etc. Sin embargo, pese a que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada el 10 de diciembre de 1948, al patologizar la realidad de las personas transexuales se les privó de sus derechos y se les negó el derecho a la propia identidad sexual y/o de género y al libre desarrollo, con la incorporación de la misma al DSM, tan sólo 4 años después de que fuese firmada dicha Declaración.

Es por ello que exigimos:

o La inmediata y definitiva retirada de la transexualidad de los manuales de enfermedades mentales (DSM y CIE).

o El derecho a cambiar la mención del nombre y sexo en los documentos oficiales sin tener que pasar por ninguna evaluación médica ni psicológica.

o El libre desarrollo para las y los menores trans, así como se garanticen sus derechos a la libre autodeterminación de sexo y /o género.

o Hacemos nuestras las palabras del movimiento feminista en la lucha por el derecho al aborto y el derecho al propio cuerpo: reivindicamos el derecho a decidir libremente si quieren o no modificar sus cuerpos y poder llevar a cabo su elección sin impedimentos burocráticos, políticos ni económicos, así como fuera de cualquier tipo de coerción médica.

o Que los sistemas sanitarios se posicionen frente al trastorno de identidad sexual y/o de género, reconociendo la mal disimulada transfobia actual que sostiene su clasificación, y replanteen su programa de atención sanitaria a la transexualidad haciendo de la evaluación psiquiátrica un paso innecesario y del acompañamiento psicoterapéutico una opción voluntaria. Así como la reintroducción del Reandron en la cartera de prestaciones sanitarias.

o El cese de las intervenciones quirúrgicas a bebes intersexuales.

o Denunciamos la extrema vulnerabilidad y las dificultades en el acceso al mercado laboral del colectivo de personas trans. Exigimos que se garantice el acceso al mundo del trabajo y la puesta en marcha de políticas específicas para acabar con su marginación y discriminación.

o Exigimos, además, condiciones de salud y seguridad en el desarrollo del trabajo sexual y el fin del asedio policial a estas personas, así como del tráfico y la trata con fines de explotación sexual.
o Esta situación de vulnerabilidad se acentúa en el caso de las personas trans inmigradas y racializadas, que llegan a nuestro país huyendo de situaciones de extrema violencia. Exigimos la concesión inmediata de asilo político en estos casos a la vez que reivindicamos la plena equiparación de derechos de las personas migrantes.

o Denunciamos los efectos de la política de extranjería actual sobre los sectores socialmente más vulnerables.

o A la vez que reivindicamos que no son víctimas sino seres activos y con capacidad de determinación sobre su propia identidad, queremos recordar también todas las agresiones, asesinatos y suicidios de las personas transexuales a causa de la transfobia. Señalamos al sistema como culpable de estas violencias. El silencio es complicidad.

INTERSEXUALIDAD

Durante todos estos años las intersexualidades han sido objeto de estigmatización absoluta, no cabía en nuestra sociedad tener una variación sexual y ser normal al mismo tiempo, intersexualidad era sinónimo de anomalía, patología, malformación…, el silencio y el secretismo se alimentaban de las manipulaciones corporales y las cirugías sobre los cuerpos con variaciones sexuales. De conceptos relacionados con la palabra “hermafrodita” se pasó a DSD (disorder of sex developmen) catalogando así todo tipo de variación sexual como algo patológico de necesaria intervención.

Muchas voces en nuestro país se están levantando para negar que se trate de una patología y para reivindicar el derecho a un cuerpo no normativo. Los valores y rigideces de nuestras sociedades han sido verdugo de ilusiones y han producido mucho dolor. Como ejemplo, diremos que en 1986 era arrojada de las pistas la atleta española Mª José Martínez Patiño por sus cromosomas XY y muchas otras personas, en ésta y en otras esferas, han soportado grandes abusos y humillaciones.

Hoy día las Intersexualidades van entrando tímidamente en el panorama LGTBIQ para mostrar su rechazo a los valores físicos y biológicos del binarismo y de la heteronorma, y reclamar el derecho a ser hombre, a ser mujer, o a no definirse, sin que su cuerpo sea objeto de juicios y manipulaciones o haya de pasar inexorablemente por el quirófano.

A finales del pasado año, en Andalucía, dábamos la bienvenida con una profunda alegría al artículo 20 de la reciente Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía, que prohíbe por fin las cirugías genitales innecesarias en menores intersexuales, dando un paso al frente por el respeto al cuerpo y a la libre determinación de las personas.

Aunque quedan grandes retos aún, a través de cambios en la normativa del Estado. Por eso desde aquí nos unimos a la reivindicación de que se quite el sexo en las partidas de nacimiento para que los bebés intersexuales, ni ningún otro bebé, precisen asignación sexual forzosamente.

Hoy recordamos a Florencio Pla Messeguer, conocido como La Pastora, quien sufrió toda su vida grandes vejaciones y agresiones por ser intersexual.

NO BINARIO/GÉNERO FLUIDO/PANSEXUALIDAD

Los años 90 llegaron cargados de cuestionamientos que llamaron a la reflexión: el movimiento feminista ponía en jaque los valores binaristas tradicionales. La lesbiana Judit Butler cuestionaba las estructuras del sexo y la sexualidad haciendo una huella sin retorno en una consecutiva aportación que nutriría el nacimiento de la teoría Queer, que con el filósofo español Beatriz Preciado harían explosionar los cimientos de la biología sobre el sexo. En este marco se mece la cuna de las categorías no binarias que poco a poco empezaron a tomar cuerpo, y en la actualidad alzan sus voces con fuerza para reclamar lugar en la sociedad, visibilizando la diversidad más allá de encorsetamientos binarios que en multitud de ocasiones y de personas no son ni sentidos ni deseados.

Los géneros no binarios empiezan a salir del armario, Tomando distintas formas y diversificado su experiencia vital, pasando del absoluto no binarista, donde la identidad no estará determinada por ningún género específico, partiendo del rechazo y la negación de la existencia de sexos biológicos, al género fluido, una forma que se define, se reafirma y lucha para no tener que entregarse a un género de manera definitiva, desafiando así las premisas de partida sobre la identidad de género y permitiéndose recorrer el camino de los géneros… pero no con las limitaciones binarias; sino asumiendo nuevas rutas en las que la vivencia personal trasciende todo lo aprendido culturalmente y lo cuestiona.

Y en este contexto, la orientación sexual también pasa por reivindicaciones que aportan nuevas perspectivas y revisan abiertamente el deseo, y el cómo sentimos la atracción… La pasexualidad sorprende con su rotunda afirmación “me gustan las personas” que llega a sonar revolucionaria, y convierte a las personas en deseables en sí mismas, al margen de su identidad de género.

Hasta este momento parecíamos tener que pedir permiso para amar, para desear, para experimentar. Justificando la atracción, cuando la atracción es siempre legítima y se siente sin pedir permiso. Y así lo reclamamos, no pedimos permiso ni nos justificamos para reconocer que se puede tener una orientación sexual no vinculada a los géneros, ni a rasgos que tengan que ver con ellos, sino que la orientación sexual puede estar relacionada con otras cuestiones, las que sean… características que despiertan el interés sexual sobre la persona. Nos permitimos la atracción sin que el género juegue papel de gendarme.

VIH-SIDA

Desde la aparición del VIH-Sida, las personas homosexuales y bisexuales masculinas, así como las personas trabajadoras sexuales, han tenido que sufrir el estigma y la discriminación.

Aunque es cierto que actualmente en España, el VIH es especialmente preocupante en la población de hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans. Ya conocemos que con una adecuada adherencia al tratamiento se consigue una carga viral indetectable, lo que impide la transmisión del VIH, un hecho que supone el inicio del control efectivo de la infección para lo que es fundamental detectar precozmente el VIH e iniciar su tratamiento de inmediato.

Además, los avances biomédicos permiten nuevas estrategias preventivas como la PreP (Profilaxis pre Exposición) que también se ha demostrado efectiva para evitar la transmisión del VIH, por lo que la Comisión Europea autorizó su comercialización en Europa en agosto de 2016.

Esta estrategia preventiva sigue sin estar disponible en España a pesar de ser el país de Europa con mayor prevalencia al VIH. No es admisible postergar el debate público sobre una herramienta eficaz aprobada para evitar que en España se infecten por VIH 10 personas al día, ya que vulnera el derecho a la salud de muchas personas haciendo caso omiso a diversos estudios de coste eficacia que abogan por la implantación de esta medida a todas luces coste-efectiva en población en riesgo.

Por ello reclamamos a toda la sociedad en general y al gobierno central, autonómico y municipal en especial que no se demoren más en su respuesta.

Además, exigimos:

o Acceso universal a la prueba para la detección precoz del VIH.

o Acceso a tratamiento preventivo del virus (PEP, PrEP, TasP)

o Acceso a tratamiento ARV y para la Hepatitis C para toda la población del Estado, incluyendo a inmigrantes en situación administrativa irregular y a la población privada de libertad.

o Dotar de más recursos los programas de detección y prevención de las ITS de la Junta de Andalucía, víctimas actualmente de los recortes presupuestarios de los últimos diez años.

Mediante la implementación de estas demandas uniremos esfuerzos también para conseguir la indetectabilidad del VIH.

En este sentido, reiteramos que indetectable es igual a intransmisible y por tanto este objetivo debe ser una prioridad tanto para las organizaciones que trabajamos en VIH como para las administraciones sanitarias.

También exigimos a las Administraciones y partidos políticos un Pacto de Estado frente al VIH, el Sida, el Estigma y la Discriminación. Todos los partidos políticos que se comprometieron a impulsar este Pacto, la mayoría de las fuerzas con representación parlamentaria, deben aunar sus esfuerzos, junto a las Administraciones Públicas, para hacer efectivo este compromiso tan necesario y urgente en nuestro país.

Debemos ser conscientes de las implicaciones que el estigma tiene en la salud pública, obstaculizando la prevención y el tratamiento. El estigma y la discriminación actúan como promotores de la invisibilidad del VIH dificultando la aplicación práctica de programas de prevención y control de la infección.

Por ello es necesario que las políticas de respuesta a la infección por VIH también contemplen las íntimas conexiones entre el estigma, la prevención y el diagnóstico precoz de la infección, así como una ley de igualdad de trato y no discriminación que incorpore a nuestro ordenamiento jurídico la no discriminación por enfermedad. La Declaración de París de 2014 firmada por Alcaldes y Alcaldesas de todo el mundo, es el compromiso de seguir colocando a las ciudades en la primera línea de la respuesta al VIH y situar a estas en una posición única para liderar acciones aceleradas con la finalidad de alcanzar los objetivos 90-90-90.

En este sentido, exigimos que todas las grandes ciudades de Andalucía se unan a esta Declaración para que se permita una adecuada implementación para hacer efectivo el desarrollo de estos compromisos en el ámbito local.

POR LA APROBACIÓN DE LAS LEYES ESTATALES TRANS Y LGTBIQ

Por último, no podemos finalizar este manifiesto sin exigir la aprobación de la Ley de Igualdad LGTBIQ actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados, así como la Ley Trans Estatal, asimismo en trámite.

Es inaceptable la tardanza en la tramitación de ambas leyes, especialmente la de Igualdad LGTBIQ, que ha sufrido varios aplazamientos en los últimos meses.

Las leyes andaluzas en ambos campos han dotado a las personas LGTBIQ andaluzas y residentes en nuestra Comunidad Autónoma de derechos y protección, pero insuficientes en cuanto a las competencias del Estado y su protección al cambiar de domicilio fuera de Andalucía.

Por ello, es necesario que nuestros derechos estén protegidos en todo el Estado, independientemente del lugar de residencia y del origen nacional de cada persona.